EN OAXACA SE SIGUE CRIMINALIZANDO LA PROTESTA SOCIAL
“Mirar al sureste mexicano, parar la represión, solidarizarse con las víctimas de la misma”. Un llamado activo que no esconde una cierta angustia por los hechos que se viven en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. El 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura establecido por la ONU. Ocasión oportuna para observar la realidad mexicana, en particular la de Oaxaca.
“La situación es grave” señala Philipp Gerber, antropólogo suizo, co-responsable de los proyectos en México de la organización no gubernamental (ONG) helvética Médico Internacional. Gerber acaba de regresar de una estadía de seis meses en el país azteca, tiempo en el que visitó proyectos y encontró numerosas organizaciones sociales. Médico Internacional apoya iniciativas en el área de la salud y de los derechos humanos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
“No con una visión asistencialista sino en la perspectiva de nuestras contrapartes quienes exigen el derecho a acceder al sistema de salud pública. Y que reclaman plena vigencia de los derechos humanos más esenciales”.
El joven observador y analista que sigue de cerca la situación del sureste mexicano desde hace 15 años, no esconde su preocupación sobre la situación actual en esa región del planeta. Y subraya “la necesidad de una presencia más activa de la comunidad internacional para acompañar a las víctimas de la represión”.
- ¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el sureste mexicano, es decir en la zona donde coopera su ONG?
- No sólo allí sino en buena parte del Estado mexicano observamos un retroceso en cuanto al respeto de los derechos humanos. Que se expresa en un aumento de la ola de la violencia política y en la agudización de las violaciones de los derechos ciudadanos.
La famosa transición de la que se habló en el 2000 con la llegada al gobierno del PAN (Partido de Acción Nacional en reemplazo del PRI (Partido Revolucionario Institucional), no fue tal. Más que nuevos aires, se nota una alternancia continuista en el poder pero sin los cambios estructurales mínimos exigidos por importantes sectores del país. Y eso también en la esfera de los derechos humanos.
- ¿Y en particular en Oaxaca y el sureste mexicano?
- Una situación extremadamente grave. En mis 15 años que sigo de cerca la dinámica de la región pienso que es uno de los momentos peores y más preocupantes.
Se da una persecución sistemática a defensores y observadores de derechos humanos. Así como a periodistas independientes. Consecuencia de la política oficial de criminalizar tanto la protesta social como el trabajo de defensa de los derechos humanos.
- En abril pasado se produjeron incidentes muy preocupantes en Oaxaca...
- Un momento dramático ilustrativo de lo que vive el Estado. El 27 de abril fueron asesinados la dirigente social mexicana Bety Cariño y el observador internacional finlandés Jyri Jaakola. Cariño era integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo CACTUS.
El asesinato se produjo cuando participaban, en tanto observadores de derechos humanos, con decenas de líderes comunales en la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala que desde meses está cercado y aislado por grupos paramilitares.
Fue un hecho trágico que se suma a una serie continua de agresiones, persecuciones y asesinatos que desde años se registran en ese Estado. Hay que recordar que en 2006 se había producido una movilización social que duró varios meses contra el Gobernador Ulises Ruiz y que fue duramente reprimida por las autoridades estaduales con el apoyo, como siempre en estas situaciones conflictivas, del Gobierno Federal.
- ¿Hubo esfuerzos oficiales posteriores para clarificar las violaciones de los derechos humanos de entonces?
- Ninguno. La impunidad en México ante esos hechos es total. Médico Internacional apoya, justamente, al “Comité 25 de Noviembre”, que se creó para investigar los hechos violentos de ese día del 2006 cuando la fuerza policial y militar acabó con el levantamiento popular.
En ese proceso hubo 20 muertos, centenas de detenidos, muchos de ellos duramente torturados. El Comité lucha para que esos hechos sean clarificados, y que se haga justicia. Además, para acompañar a las víctimas de la tortura, los ex – detenidos y sus familias; las viudas de los asesinados. Promueve además un proceso jurídico que se apoya en el Protocolo de Estambul, reconocido por las Naciones Unidas y que permite probar y documentar clínicamente la tortura psicológica y física sufrida.
Es una iniciativa novedosa a favor de la justicia y la reparación. Una de las instancias más importantes e independientes de la República, la Suprema Corte de Justicia, reconoció en noviembre pasado la responsabilidad del Gobernador Ulises Ruiz. Pero como no es una decisión vinculante, no tuvo hasta ahora repercusiones concretas. Ni siquiera se ha podido impulsar un juicio político a Ruiz y los responsables materiales e intelectuales de esa represión.
La violencia actual es la continuidad de la *guerra sucia* que se vivió en décadas pasadas. Y el poder no quiere confrontarse a esta historia no elaborada ni digerida, que sería esencial para construir nuevas bases en los derechos esenciales de la población.
- El próximo 4 de julio se realizarán elecciones para elegir un nuevo gobernador. ¿En una situación tan compleja como la actual, pueden ser portadoras de esperanza?
Son muchas las voces en Oaxaca y en México en general, entre ellos destacados periodistas y analistas, que dicen que esas elecciones constituyen la última posibilidad política para resolver ese conflicto irresuelto. Se siente que muchos sectores sociales han perdido ya la confianza en el camino electoral. Otros, intentan promover una alianza que aglutina a fuerzas de derecha y de izquierda, en un frente común contra el continuismo del PRI que gobierna el Estado ininterrumpidamente desde hace 81 años. Pero no estoy seguro que estén dadas las condiciones para unas elecciones realmente libres y transparentes. En las últimas semanas se constata una escalada en aumento de la violencia política para crear un clima de miedo e impedir que la gente se movilice para votar.
- Este próximo sábado 26 de junio se conmemora el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura. Jornada propicia para seguir de cerca la situación mexicana, especialmente en el sureste…
- Sin duda constituye un momento oportuno para informar y sensibilizar. En Oaxaca está programado un Foro de Reflexión sobre la tortura. En Guerrero se presentará un libro editado por el Comité contra la Tortura e Impunidad de ese Estado. En Suiza, la Plataforma Suiza-México, promoverá espacios de información e intercambio. La comunidad internacional debe mirar hacia México y ofrecer todo su apoyo posible para presionar a las autoridades.
Es imprescindible que se rompa el actual círculo vicioso de la violación de los derechos humanos y la impunidad.
(*) En colaboración con swissinfo.ch