LAS CONSECUENCIAS DE LA MANO DURA
Agencia La Oreja Que Piensa.
“El informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles, ahora con 12 mil nuevos policías, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitando derechos para vivir dignamente”, expresó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel en la mesa de presentación.
Junto a él, estuvieron por los miembros del organismo Susana Méndez, Víctor Mendibil, Roberto Cipriano García, el padre Pepe Di Paola, Ana Barletta, Dora Barrancos, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso, Víctor De Gennaro, Luis Lima y Carlos Sánchez Viamonte, y la directora general Sandra Raggio.
“Este informe es estremecedor y, excepto por las cifras, no escapa de lo que ocurre en Uruguay. Seguimos constatando que, entre la dictadura y los gobiernos democráticos, existen grandes continuidades en cuanto al trato que las instituciones del Estado propician a las personas privadas de libertad. Necesitamos mejorar las respuestas de las instituciones.
El sistema de justicia necesita controlar el accionar del Estado, esa es su razón de ser”, señaló Mariana Mota, presidenta del Consejo del Instituto nacional de Derechos Humanos de Uruguay. Además estuvieron en la presentación y participan del encuentro latinoamericano referentes de mecanismos de prevención de la tortura de Brasil, Paraguay, Bolivia, Costa Rica y Argentina, e integrantes de mecanismos locales o provinciales de Salta, Chaco, Corrientes, Mendoza y Misiones.
La crueldad como un fin en sí mismo
“El manodurismo se instaló hace 20 años en la Provincia. Y ningún gobierno revirtió esa política de seguridad que no satisface ninguna demanda de la sociedad.
Este informe, a su vez, está marcado por la masacre de Pergamino; recientemente se creó en la comisaría primera un sitio de memoria; había sido un centro clandestino de detención y, en democracia, se siguió torturando y matando.
La creación del sitio es un acto de reparación para las víctimas y las madres de esos 7 jóvenes”, señaló la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Antes de dar los datos de informe, la CPM recordó a Polo Schiffrin: “Él nos legó dos principios fundamentales: la necesidad de crear un mecanismo de monitoreo de los derechos humanos. Y hacer esto con total autonomía e independencia de los gobiernos de turno”.
INFORME
A diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes.
La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. La situación se siguió agravando, a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.
El sobreencarcelamiento dispara la sobrepoblación y el hacinamiento a niveles críticos: 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016.
En las comisarías: 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, es decir, dos de cada tres personas duermen en el piso.
Esto representa una sobrepoblación del 197%. El otro dato alarmante del sobreencarcelamiento es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas.
De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos: a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin.
“En estos lugares de encierro, vivir al límite del frío, el hambre y la muerte es el modo de sobrevida que naturalizan todos los poderes del Estado”, indicó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
Estas graves condiciones de detención son la condición de posibilidad para la práctica de la tortura que se sigue ejerciendo de manera sistemática en todos los lugares de encierro: Durante el año 2017 la CPM registró 16.300 hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
“La misma Constitución reconoce la integridad de las personas privadas de libertad, aunque se respete poco como se ve en este informe.
Nosotros recorremos las unidades carcelarias siguiendo las reglas de Mandela. Ese protocolo es indispensable en toda inspección para no reproducir la mirada penitenciaria de estos lugares de encierro.
Y es también un posicionamiento ético: creemos en la verdad que nos dicen las personas privadas de su libertad”, explicó Gustavo Hornos, juez federal de casación y presidente del sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de las unidades carcelarias. Sistema que también integra la CPM.
El desenlace de esta política de imposición del dolor y el sufrimiento es la muerte: más de 160 en cárceles, 22 en comisarías –entre ellos, los siete jóvenes víctimas de la masacre de Pergamino.
Otras 182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas.
En 2017, hubo también 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio.
Las víctimas de esta política criminal no conmueve ni a funcionarios ni a amplios sectores de la sociedad, mientras tanto los familiares se sobreponen al dolor y se organizan para perseguir la justicia.
“Nosotros conocemos la crueldad de la cárcel y sabemos también que la inseguridad no se va a acabar con mano dura, sino con educación y trabajo. En ese sentido, el Estado tiene que revisar las políticas de reinserción social y tiene que, entre otras cosas, reglamentar la ley del cupo laboral del 3% para personas liberadas”, remarcó Sergio Brito.
Sergio fue uno de los más de 250 integrantes de la red de familiares víctimas de violencia institucional de la CPM que acompañaron la presentación.
La selectividad del sistema penal también se expresa en las causas judiciales que investigan graves vulneraciones a los derechos humanos y a las estructuras institucionales que contienen a los agentes investigados. Entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones: sólo 37 causas fueron caratuladas como torturas.
En el resto se utilizaron calificaciones más leves con expectativa de pena muy baja. El 97% de las causas ya fueron archivadas, desestimadas o sus imputados sobreseídos.
“Estas violaciones a los derechos humanos ocurren no sólo porque existen las condiciones de posibilidad para que ocurran y porque estos delitos gozan de impunidad”, agregó Cipriano García.
La profundización de la crisis del sistema penal deja en evidencia el fracaso del punitivismo que quieren instalar como una política pública posible para combatir el delito. La actual gestión de gobierno asumió hace ya más de dos años reconociendo la crisis en materia penitenciaria y de seguridad, pero nada hizo para transformar esta situación.
Los datos del informe obligan a tomar medidas urgentes que reviertan la grave crisis humanitaria del sistema penal.