LOS "K" Y LOS TRABAJADORES
Agencia La Oreja Que Piensa. Argentina 2010. (Por Lucrecia Cuesta)
Las líneas que siguen analizan algunas puntuales políticas públicas implementadas por el gobierno de Cristina Fernández, las cuales tienen por objetivo inmediato y directo el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores argentinos. Con sus luces y sus sombras algo se ha avanzado en el punto, bien entendido que el sector empresario ha sido y continúa siendo reacio a ceder parte de su rentas y de sus beneficios a favor de un sector laboral que bien puede cifrar esperanzas fundadas en el gobierno pero a condición de que atine, en el momento propicio, a dotarse de herramientas políticas y sindicales propias e independientes del Estado, de las patronales y de las conducciones sindicales que traicionen sus demandas. El modelo “nacional y popular” en la Argentina tiene límites que la historia se ha encargado de señalar con pertinacia. El país agrario, financiero y mediático es una bestia negra a la cual no se le puede pisar la cola más de unas cuantas veces sin riesgo de que la respuesta venga en el formato de zarpazo taimado y sangriento.
Exención del impuesto a las ganancias
Que los trabajadores no tributen el impuesto a las ganancias o que lo tributen lo menos posible constituye un tema que muestra, de entrada, dos caras. Por un lado, mejora el salario; por el otro, resiente la recaudación fiscal. Esto último quiere decir que el Estado tiene menos dinero para hacer obra social, atender emergencias o crear fuentes de trabajo.
Hoy existe un mínimo a partir del cual se paga el impuesto: $ 4015 para los trabajadores solteros y $ 5554 para los casados. Los que ganan menos no pagan el impuesto a las ganancias.
Si el Estado aumentara el mínimo no imponible se beneficiarían un millón y medio de familias obreras. Pero la medida tiene -como decimos- otra faz: el costo fiscal. Costo fiscal es lo que el Estado dejaría de percibir si no cobrara el impuesto a ese millón y medio de jefas y jefes de familia.
En esta cuerda se mueve el gobierno nacional. Se trata de uno de los temas que hay que gestionar. Gestionar es, muchas veces, compatibilizar intereses. El proyecto que está a estudio de la Presidenta es de Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria y asesor de la CGT.
Hay una razón de peso para eximir a los trabajadores de este impuesto: el salario no es ganancia. Es, apenas, la retribución del trabajo diario. En realidad, de una parte del trabajo diario. Hay otra parte de ese trabajo que no se paga: es la ganancia empresarial. Sobre esta realidad económica -que es una aritmética interesada, una falencia ética y un injusto universal- está basado el capitalismo.
Un gobierno como el actual -que está lejos de ser anticapitalista- cortará por lo sano: atemperará la injusticia subiendo un poco el mínimo no imponible, probablemente a $ 5000 para solteros y a $ 6900 para casados. Es lo que hay. Pero a no olvidar: la movilidad jubilatoria y la asignación por hijo fueron posibles porque el Estado tenía recursos.
La contradicción es dura: el Estado debe contar con medios financieros para redistribuir riqueza pero, por otra parte, los trabajadores deben ganar salarios dignos. El equilibrista de este circo es el gobierno. ¿Qué ideas tiene la oposición sobre el punto? La tablita de Machinea -felizmente derogada por los K- fue obra de los radicales. Esa tablita redujo a polvo el salario. Es bueno recordarlo.
Participación en las utilidades
El artículo 14 de la constitución Nacional dice: “… el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador… participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección…”.
Hasta hoy, letra muerta, por supuesto. Algunas empresas, individualmente, han intentado esa participación. Pero no existe una ley nacional que garantice ese derecho a todos los trabajadores. El ya mencionado Recalde ha anunciado que en julio presentará un proyecto para insuflarle a la mentada norma constitucional el hálito vital que la resucite de entre los muertos, como hicieron Lázaro y el mismo Cristo, nada menos.
En América latina se ha legislado sobre este derecho. En Brasil, por ejemplo, las modalidades de esa participación se fijan mediante negociaciones entre las partes. En México, en cambio, la ley establece cuándo hay que repartir utilidades con los trabajadores; y se exceptúan a las empresas que no alcanzan determinado nivel de facturación y a las que inician nuevos emprendimientos en ciertas actividades.
Los empresarios argentinos, por su parte, no quieren saber nada con el tema y es probable que los dirigentes sindicales que son empresarios, tampoco. A tal punto este asunto les eriza la piel y les sube la bilirrubina, que les obnubila el entendimiento. Sólo así puede entenderse que el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, haya declarado que Recalde debería “irse a vivir a Cuba”.
Pero en Cuba, Recalde quedaría a la derecha de todos con su propuesta, porque allí no hay participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas sino que las empresas tienen por dueños a los trabajadores. Cuba es socialista y Recalde es cristiano occidental y peronista. ¡Qué despropósito mandarlo a vivir a Cuba! A Varadero, vaya y pase… Pero a Cuba, así, a secas.…
En fin, lo más probable es que, atenta a la brújula política, que es la que manda en última instancia, y cercanas las elecciones de 2011, Cristina no quiera comprarse otra “125”, esta vez no con los empresarios rurales sino con los industriales. El proyecto seguiría en ese estado. En estado de proyecto.
Trabajo en negro
Hay prioridades. Atacar el trabajo en negro es una de ellas. Y no la menor. Cinco millones de trabajadores bailan en la cuerda floja y sin red de contención alguna. No hay contención social para ellos. No hay salud. No hay aportes. No se jubilarán. Son parias.
Los intereses, aquí, están decantados, a un lado y otro, con claridad cartesiana. A los empresarios les conviene, aunque no lo digan, la existencia de esa masa semi marginal que trabaja en negro pues ésta, junto al “ejército de reserva” de los desocupados, presionan hacia abajo el salario que, ya se sabe, es una mercancía más y, como tal, oscila según las leyes de la oferta y la demanda.
Para la CGT y los sindicatos, en cambio, trabajo en negro significa “cero” ingreso financiero, en tanto trabajo en blanco significa, por la vía de los aportes sindicales y de obra social, la posibilidad de atender debidamente, las necesidades de los trabajadores. Que haya sindicalistas más o menos corruptos y otros que no lo son, es harina de otro costal.
Lo cierto es que el trabajo en negro se combate con nuevas fuentes de trabajo y éstas aparecen con más inversión extranjera y nacional. La inversión directa como porcentaje del PBI debería llegar al 30 %, más o menos, para que el problema alcanzara una solución plausible. Con un Producto de casi 300 millones de dólares, ese 30 % equivale a unos 30 mil millones. Buena plata para crear fuentes de trabajo. Pero si bien el PBI de nuestro país creció el 6,8 % en el primer trimestre de este año respecto de igual período de 2009, todavía hay dificultades (económicas y políticas) para alcanzar un monto de inversión que exprese una mejora sustantiva en el nivel de empleo legal (datos del sitio argentina.ar).
Pero no sólo de inversiones se vive. El empleo en negro o en blanco está relacionado también con el uso y la disposición del sistema financiero para jugar su rol en este asunto. Los bancos, con la actual ley de entidades financieras, no sirven a la producción ni a la creación de empleo. El proyecto de Carlos Heller, diputado del Partido Solidario (aliado a Sabatella), es ciertamente salutífero en este tema. De movida, considera que la actividad financiera no es un negocio sino un “servicio”. Definición que, entre otras, tiene la consecuencia de que, como todo servicio, debe ser controlado y regulado por el Estado. Porque, hasta hoy, los bancos hacen lo que quieren y, más que clientes, tienen víctimas. Si se convierte en ley operará a favor de un redireccionamiento del crédito hacia pymes que, como se sabe, en países como Italia, constituyen el 80 % del sector que ofrece empleo.
Hay muchas otras medidas vinculadas al mundo laboral que están siendo estudiadas y en proyecto en el seno del gobierno. En otra nota podemos abordar su análisis.